A estas alturas, hablar de potenciar el papel de los
asesores jurídicos en las instituciones y organismo estatales es otra de las
tantas utopías o sueños incumplibles del sistema socialista del siglo XXI.
Cuba no es un estado
de derecho, y esa es la condición indispensable para que un especialista en materia
legal, pueda ejercer su actividad cabalmente. En Cuba, un asesor jurídico puede
ser visto como auditor, secretario de actas en los consejos de dirección,
inspector, representante itinerario para asuntos de poca monta, y así, una
interminable cantidad de tareas que nada tienen que ver con el asesoramiento
jurídico.
Entre los trabajos que puede realizar un asesor jurídico,
los hay tan poco honrosos como buscar la forma de deshacerse de un trabajador
contestatario, Testigo de Jehová, o demasiado
capaz para el gusto de los jefes. También se le puede pedir la realización de
algún tipo de trampa al mejor estilo de la mafia, para amañar un contrato,
coyundear a un cliente o incumplir una obligación.
Para los dirigentes cubanos su entidad es su feudo, y se
sienten inclinados a utilizar todas sus potestades para cometer cualquier
arbitrariedad en nombre de la revolución y el socialismo, es decir, en el suyo
propio.
Hace unos años, funcionaron los órganos de arbitraje estatal,
la idea era buena y durante cierto tiempo algo se logró en cuanto al
cumplimiento de las obligaciones contractuales, los abogados de empresas y
organismos vieron realizados sus sueños de un ordenamiento jurídico apropiado. Por
una vez se sintieron verdaderos profesionales del derecho.
Pero como ocurre en
esta Cuba nuestra revolucionaria y socialista, a alguien no le gustó, o no le convino la idea de tantos
abogados metidos en asuntos en ocasiones bastante escabrosos por los intereses
ocultos detrás de productos no entregados o dinero no pago. El resultado final
fue la desactivación total, sin explicaciones ni aviso previo, de los Órganos
de Arbitraje.
El sistema de dirección impuesto, se reproduce a todos los
niveles de la administración del país, y el voluntarismo no se lleva con el
orden jurídico por mucho que se intente, y la presencia de asesores jurídicos
que realicen su trabajo a cabalidad, va contra la naturaleza arbitraria y
personalista de un régimen totalitario.
El Decreto No. 138, “Normas para el trabajo de asesoramiento
jurídico en las entidades estatales”, es letra muerta porque a los jefes en
Cuba, a semejanza del jefe de jefes, no les gusta que alguien les aconseje que
hacer o no; se ofenden, gritan obscenidades, muerden el tabaco y patean
muebles, en resumen, son energúmenos motivados.
No hay comentarios:
Publicar un comentario