martes, 9 de abril de 2013

Rehenes Políticos.



El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba ha respondido con ira al dictamen del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el cual declara arbitraria la detención y encarcelamiento del ciudadano norteamericano Alan Gross.
La respuesta de que “Alan Gross fue detenido, procesado y sancionado con todas las garantías y derechos sobre el debido proceso judicial y cumpliendo los principios relativos a la independencia judicial.”  , es impúdica. En Cuba ningún proceso cumple los principios relativos a la independencia judicial, y menos aún cuando se trata de casos en que se ve envuelta, como parte interesada, la policía política del régimen.
La historia es larga en ejemplos: el General Arnaldo Ochoa fue fusilado sin haber sido probado en juicio qué delito cometió, pues el proceso se inició por tráfico de drogas, después cambió a actos hostiles contra estado extranjero, y por último, en medio de una cacería de brujas, lo que le valió la pena de muerte fue la traición al Máximo Líder (¿?); los setenta y cinco condenados en la primavera del 2003, no eran culpables de ningún hecho que mereciera tan largas condenas, incluso con las leyes draconianas vigentes; el español Ángel Carromero fue sancionado a prisión a pesar de haber sido víctima del acoso a que lo sometiera un misterioso vehículo, que terminó por sacarlo de la vía provocando las muertes de Oswaldo Payá y Harold Cepero; Sonia Garro y su esposo Ramón Muñoz, llevan más de un año en prisión sin que se les hayan levantado cargos; por otra parte, los ejecutores del abordaje y hundimiento del remolcador “13 de Marzo”  jamás fueron llevados a juicio.
Lo de Alan Gross es sólo otro caso entre muchos, en un país donde el detenido es culpable mientras no demuestre su inocencia, poco hay que decir sobre la parcialidad de los tribunales.
El señor Gross es otra víctima de la pandilla que gobierna este país, donde no existe tal independencia judicial al no haber tripartición de poderes, pues tanto el poder judicial, como el legislativo, están sometidos al poder ejecutivo con el partido gobernante a la cabeza. En Cuba, hasta los bufetes de abogados son controlados por la Seguridad del Estado.
Hace ya algunos años, durante la ola represiva desatada contra los artesanos de la Plaza de La Catedral, conocida por “Operación  Adoquín”, los trabajadores cuentapropistas que iban a juicio sin nombrar abogado, eran sancionados a multa; los que quisieron hacer valer sus derechos y probar debidamente su inocencia asistidos de letrados, fueron a parar a la prisión sin más explicaciones.

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