La celebración en La Habana del VII
Encuentro Internacional Justicia y Derecho, con la participación de juristas de
más de veinte países, puede considerarse
una burla, una falta de respeto, y una ofensa al pueblo cubano. La dictadura
más longeva del mundo convoca a la reflexión, el debate y al intercambio de
experiencias “relacionados con temas jurídicos que garanticen la búsqueda de
estándares superiores y de calidad para seguir conquistando una mayor justicia”.
Hay que ser desvergonzados para hablar de
justicia en un país donde se puede encarcelar por parecer peligroso aunque no
se cometa ningún delito, donde criticar a los gobernantes es penalizado, donde
los abogados de los bufetes colectivos están sujetos a la aprobación del Departamento de Seguridad del
Estado para tener derecho a ejercer su oficio, donde se deporta a los
prisioneros políticos a pesar de que esa condena no está prevista en las leyes
penales cubanas, donde no existe el derecho de reunión, asociación o libre
expresión fuera de las instituciones o bajo los preceptos de monopolio
ideológico fijados por el Partido Comunista, un país donde los presos se
encuentran hacinados, mal alimentados y sujetos a todo tipo de maltratos
físicos y morales, y donde los emigrantes requieren autorización de las autoridades para regresar a su patria.
Los juristas participantes en el evento,
los de adentro y los de afuera, deben ser lo suficientemente cínicos y
cobardes, para sentarse a hablar de justicia en medio de diputados elegidos
desde arriba y gobernantes por designación que se niegan a ratificar los Pactos
sobre Derechos Civiles, Políticos y Económicos. Lo que allí se debata, si es
que se debate algo, nunca será de conocimiento de la población, y los que manifiesten alguna idea no acorde con
la línea trazada por los anfitriones, pueden estar convencidos de que nunca más
serán invitados ni a un bautizo.
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