En el periódico Granma, órgano oficial del partido comunista de Cuba, apareció una declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores que puede ser el precedente de una escalada represiva contra la disidencia pacífica interna. Por tanto, merece ser respondida para que los amigos de la democracia en Cuba comiencen desde ahora a atajar las garras de la tiranía.
La citada declaración comienza acusando a la Sección de Intereses de Norteamérica en La Habana, de fungir como cuartel general de la subversión que tiene como propósito fundamental “fabricar un movimiento de oposición al gobierno legítimo de Cuba y fomentar la desestabilización interna…”.
La oposición interna en Cuba no se fabrica desde afuera, la genera el propio sistema dictatorial desde 1959. En nuestro país nunca ha dejado de haber oposición, el Comandante Huber Matos se negó a seguirle el juego al castro comunismo que ya veía venir; los alzados del Escambray eran ex miembros del Movimiento 26 de Julio que se sintieron traicionados al ver que con Fidel Castro no había democracia ni reforma agraria; los centenares de miles de cubanos obligados a emigrar durante todos estos años, también han sido disidentes, le dicen no al sistema poniendo aguas por el medio.
El país está desestabilizado debido a la falta de
libertades, a la frustración de los jóvenes que no ven un futuro promisorio
aunque tengan un título universitario, a la miseria que sufren nuestros ancianos
que después de jubilados, deben emplearse como vendedores ambulantes de lo que
sea para poder subsistir en la penuria, a los hospitales sucios y sin médicos,
a los niños sin leche, a la mala educación rampante que se ha adueñado de las
calles, al racismo, y a la presencia eterna de unos ancianos incompetentes en
el gobierno.
En cuanto a la legitimidad del régimen, es bastante
cuestionable cuando en más de medio siglo no se han realizado elecciones
presidenciales, sus resultados económicos son desastrosos, el país navega sin
rumbo fijo hacia ninguna parte y cuestionar a los dirigentes y al partido
comunista es considerado un acto de
traición.
Los servicios que presta la SINA se ajustan a los que
tradicionalmente han prestado las misiones diplomáticas estadounidenses en
cualquier época y en cualquier parte del mundo sin que medie retribución
monetaria a los beneficiados que a fin de cuentas son los pueblos. El acceso a
Internet, por definición, no puede ser ilegal, como no es ilegal oir una
emisora de radio española o china. Internet no tiene dueños, y eso molesta a la
tiranía que pretende monopolizarlo todo.
Cuba, gracias al gobierno de Venezuela, está conectada al
cable submarino que permite el acceso a Internet, sin embargo, aún los cubanos
tenemos denegado el derecho a la comunicación por esa vía.
El gobierno cubano; por voz del Ministerio de Relaciones
Exteriores, miente cuando sostiene que Cuba no está conectada al cable
submarino que le da libre acceso a la red de redes. Ofende la inteligencia cuando
pretende que el gobierno de Estados Unidos requiere del consentimiento del
Estado cubano y de la aprobación del Ministerio de Educación Superior para
poder impartir programas docentes o cursos que curiosamente, han facilitado que
un individuo como Carlos Serpa Maceira, preparado en estos cursos, preste
servicio como periodista en radioemisoras cubanas, o que necesita autorización
y una licencia de operación del Ministerio de Informática y Comunicaciones para
ofrecer servicios de Internet, los cuales, al estar facilitados por satélites
norteamericanos, no tienen nada que ver con el sistema cubano de
comunicaciones.
Cuando el gobierno cubano permita a los ciudadanos el acceso
libre a Internet a través del cable ya habilitado, la demanda del servicio en
la Oficina de Intereses disminuirá en gran medida.
El
gobierno, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, a falta de otro
argumento que justifique la intolerancia a la crítica y a la diversidad de
ideas, insiste en la vieja política de descalificar a la oposición pacífica,
tildándola de “mercenarios”. Sepa el Ministerio de Relaciones Exteriores, que
el Código Penal cubano califica el delito de mercenarismo de la siguiente
manera: “Artículo 119.1 El que, con el fin de obtener el pago de un
sueldo u otro tipo de retribución material, se incorpore a formaciones militares integradas total o
parcialmente por individuos que no son ciudadanos del Estado en cuyo territorio
se proponen actuar, incurre en sanción de privación de libertad de diez a
veinte años o muerte.”
El ejercicio libre de la crítica es un
derecho ciudadano que no necesariamente promueve un cambio de régimen, en ocasiones sería suficiente un cambio en el régimen que se resiste a cambiar nada.
No es necesario el tan ansiado diálogo
serio, respetuoso y en condiciones de igualdad con Estados Unidos. Este diálogo
debe ser interno, en condiciones de igualdad, con seriedad y respeto hacia el
ciudadano sin poder, pero con mucho que decir, ese mismo sin acceso a Internet
ni a la carne de res, pero tan cubano como cualquiera de los quinientos mil
militantes del partido comunista que se abrogan el derecho de hablar en nombre
de once millones que no militan en dicho partido.
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