Según el periódico “Granma”, la Ericsson se buscó una multa del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. ¿La razón? La filial panameña de la firma sueca enviaba teléfonos celulares usados en Cuba, para ser reparados en los Estados Unidos. La multa no fue multimillonaria ni mucho menos, pero tiene un valor simbólico, es una sanción a la falta de respeto del gobierno cubano y sus amigos capitalistas.
¿De quienes eran los teléfonos enviados desde Cuba? Seguro que no de un ciudadano cualquiera, los de estos se reparan, si se puede, en el taller que tiene ETECSA en Diez de Octubre. Mucha picazón parece haber causado la sanción en este país del inframundo, donde hasta hace poco tiempo el teléfono celular estuvo prohibido para los nacionales que no fueran dirigentes, y donde la tarifa es la más alta del planeta.
El pueblo cubano no tiene libre acceso a las telecomunicaciones porque la Seguridad del Estado se abroga el derecho de escuchar las conversaciones telefónicas e interrumpir las comunicaciones cuando le parezca bien a algún parásito represivo. Tampoco hay acceso a Internet porque el aparato burocrático que tenemos por gobierno tiene miedo a que el pueblo se informe o de a conocer al mundo los males que aquejan a Cuba.
Esas son las razones por las que Alan Gross está preso, no porque los “equipos de telecomunicaciones de alta tecnología” que trajo consigo y declaró en la Aduana, sean empleados por el Departamento de Defensa y la Agencia Central de Inteligencia, estos equipos son de uso común por cualquier ciudadano del mundo, estudiantes, trabajadores o amas de casa, siempre que los necesiten por encontrarse en lugares donde no tengan acceso a una computadora conectada a la red, como ocurre a casi todos los cubanos.
Comparar la bien impuesta multa a la filial de la Ericsson por una actividad comercial que en nada beneficia al pueblo cubano, con la arbitraria sanción que cumple Alan Gross, es al menos, cínico.
hildebrando.chaviano@yahoo.com
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