Según el periódico Granma, “Cuba expresó hoy (21 de junio) su satisfacción por haber sido mencionada como ejemplo de buenas prácticas en materia de libertad de reunión y asociación pacíficas en el informe del Relator del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en esa materia, Maina Kivi”.
Así, con esa desfachatez, el señor Relator y el delegado cubano, Juan Antonio Quintanilla, estuvieron de acuerdo en que la existencia de más de 2 200 “organizaciones no gubernamentales” pertenecientes en cuerpo y alma al Partido Comunista, el Estado y el Gobierno cubanos, es la prueba de las amplias libertades de que disfrutan los cubanos para el ejercicio de estos derechos.
Tanto Kivi como Quintanilla se olvidan de que no ha sido siquiera tramitada ni una sola de las tantas solicitudes de inscripción presentadas ante el Registro de Asociaciones del Ministerio de Justicia por parte de personas o grupos no identificados con la línea oficial, en temas tan variados como la ecología, el periodismo, el derecho o las bibliotecas. Son excepción un par de publicaciones alineadas con la Iglesia Católica, que goza de un estado de gracia desde hace algún tiempo.
Todos los días en Cuba son perseguidas personas por asociarse, reunirse y hasta por atreverse a pensar en voz alta. Esta persecución no proviene de bandas paramilitares u organizaciones secretas, la prohibición de asociarse o reunirse libremente está legitimada en la propia Constitución Socialista.
El Artículo 54 de nuestra Carta Magna, referido a los derechos de reunión, manifestación y asociación, deja bien claro que sólo los miembros de las organizaciones de masas y sociales creadas por y para el Estado socialista, disfrutan de estos derechos:
“Artículo 54. Los derechos de reunión, manifestación y asociación son ejercidos por los trabajadores, manuales e intelectuales, los campesinos, las mujeres, los estudiantes y demás sectores del pueblo trabajador, para lo cual disponen de los medios necesarios a tales fines. Las organizaciones de masas y sociales disponen de todas las facilidades para el desenvolvimiento de dichas actividades en las que sus miembros gozan de la más amplia libertad de palabra y opinión, basadas en el derecho irrestricto a la iniciativa y a la crítica”.
Cuando la Constitución y las leyes no les bastan, los gobernantes cubanos utilizan otros recursos menos sofisticados; las brigadas de respuesta rápida, que operan con los oficiales y agentes del Departamento de Seguridad del Estado disfrazados de pueblo enardecido, gritan, golpean y arrastran a los que se resisten al atropello.
Los domicilios y vecindario de Wilfredo Vallín, Héctor Palacios, Francisco Chaviano (hoy en el exilio), Juan Antonio Madrazo, Sonia Garro, Oscar Elías Bisset, Laura Pollán (fallecida) y Jorge Luis García Pérez Antúnez, por sólo citar algunos, han conocido una larga historia de cercos, amenazas y detenciones, para impedir la celebración de reuniones pacíficas organizadas por cubanos que se han atrevido a pensar por su cuenta en cómo resolver los problemas del país.
La euforia del delegado del gobierno cubano y su falta de sinceridad, no impedirán que la verdad se imponga por encima del odio y la desinformación a que nos tienen acostumbrados.
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