Las
reuniones de organizaciones no registradas están prohibidas por el Código Penal
cubano, son penalizadas. Pero… como todo en este país, existen prohibiciones de
actos no declarados ilegítimos, o autorizaciones de otros legalmente
prohibidos.
Esto
es lo que ocurrió con la celebración del último Foro Raza y Cubanidad, los
organizadores fueron advertidos de que solo podrían asistir veinte personas al
evento, sin embargo, como era de esperar, la cifra fue superada.
Sin
pereza, el Departamento de Seguridad del Estado tomó la decisión de que los
infractores debían ser castigados, (no sancionados). El segundo día del evento
se inició con el secuestro de los indisciplinados, el cerco policial de la sede
y la prohibición del acceso a la misma.
Estado
policial, paternalista, lleno de contradicciones por el exceso de normas que de
tanto regular la vida de los cubanos, terminan por enredar a las propias
autoridades encargadas de hacerlas cumplir.
Al
final, después de largas horas o quizás días de malestar e incertidumbre, los
que están en los calabozos son liberados sin explicaciones, sin juicios donde
exponer públicamente sus alegatos o escuchar de qué se les acusa. Todo queda en
un limbo legal, porque el sistema judicial ni siquiera se entera de lo
ocurrido, la policía política asume el papel de legislador y juez y los reos
tienen menos derechos que un siervo de la gleba.
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