El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba ha respondido
con ira al dictamen del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria del Consejo
de Derechos Humanos de la ONU, el cual declara arbitraria la detención y
encarcelamiento del ciudadano norteamericano Alan Gross.
La respuesta de que “Alan Gross fue detenido, procesado y
sancionado con todas las garantías y derechos sobre el debido proceso judicial
y cumpliendo los principios relativos a la independencia judicial.” , es impúdica. En Cuba ningún proceso cumple
los principios relativos a la independencia judicial, y menos aún cuando se
trata de casos en que se ve envuelta, como parte interesada, la policía
política del régimen.
La historia es larga en ejemplos: el General Arnaldo Ochoa
fue fusilado sin haber sido probado en juicio qué delito cometió, pues el
proceso se inició por tráfico de drogas, después cambió a actos hostiles contra
estado extranjero, y por último, en medio de una cacería de brujas, lo que le
valió la pena de muerte fue la traición al Máximo Líder (¿?); los setenta y
cinco condenados en la primavera del 2003, no eran culpables de ningún hecho
que mereciera tan largas condenas, incluso con las leyes draconianas vigentes; el
español Ángel Carromero fue sancionado a prisión a pesar de haber sido víctima
del acoso a que lo sometiera un misterioso vehículo, que terminó por sacarlo de
la vía provocando las muertes de Oswaldo Payá y Harold Cepero; Sonia Garro y su
esposo Ramón Muñoz, llevan más de un año en prisión sin que se les hayan
levantado cargos; por otra parte, los ejecutores del abordaje y hundimiento del
remolcador “13 de Marzo” jamás fueron
llevados a juicio.
Lo de Alan Gross es sólo otro caso entre muchos, en un país
donde el detenido es culpable mientras no demuestre su inocencia, poco hay que
decir sobre la parcialidad de los tribunales.
El señor Gross es otra víctima de la pandilla que gobierna este
país, donde no existe tal independencia judicial al no haber tripartición de
poderes, pues tanto el poder judicial, como el legislativo, están sometidos al
poder ejecutivo con el partido gobernante a la cabeza. En Cuba, hasta los
bufetes de abogados son controlados por la Seguridad del Estado.
Hace ya algunos años, durante la ola represiva desatada
contra los artesanos de la Plaza de La Catedral, conocida por “Operación Adoquín”, los trabajadores cuentapropistas que
iban a juicio sin nombrar abogado, eran sancionados a multa; los que quisieron
hacer valer sus derechos y probar debidamente su inocencia asistidos de
letrados, fueron a parar a la prisión sin más explicaciones.
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